EL CAPACITISMO INSTITUCIONAL CONTRA LA NEURODIVERGENCIA ADULTA EN VENEZUELA

Aulas que excluyen: docentes sin competencia clínica asumen el rol de jueces para descalificar a profesionales autistas

ELVICTORIANO.COM.VE - El sistema educativo en Venezuela enfrenta una crisis silenciosa que va más allá de lo presupuestario o lo infraestructural: una crisis de derechos humanos y de profunda violencia psicológica. En diversas instituciones del país, se ha detectado un patrón de persecución y hostigamiento dirigido específicamente hacia profesionales adultos dentro del espectro autista y otras condiciones de neurodivergencia. 

Bajo la mesa, y mediante mecanismos de presión administrativa, se ha instrumentalizado una campaña de descalificación laboral que busca etiquetar a estos ciudadanos como "no aptos" para ejercer sus cargos, destruyendo sus carreras y vulnerando su dignidad humana sin el menor pudor.

Lo verdaderamente alarmante e irónico de esta situación es el origen de las acusaciones. Quienes emiten estos juicios de valor y dictaminan la supuesta incapacidad laboral de un profesional no son médicos, psiquiatras ni psicólogos clínicos debidamente colegiados y calificados. Son los propios docentes directivos o compañeros de labor quienes, careciendo absolutamente de competencias diagnósticas, se atribuyen la potestad de emitir dictámenes de salud mental. 

Esta práctica no solo constituye un acto de intrusismo profesional flagrante, sino que degenera en un diagnóstico empírico y prejuicioso utilizado como arma de segregación para apartar a quienes piensan, procesan o se comunican de manera diferente.

Esta persecución es una manifestación inequívoca de discriminación capacitista, un sistema de opresión que reduce el valor de una persona a estándares de productividad e interacción social estrictamente normativos. En el contexto venezolano, este ensañamiento ignora por completo un marco legal robusto que, sobre el papel, debería blindar a la comunidad neurodivergente. 

Esta conducta viola directamente el Artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación y garantiza que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Al atacar la estabilidad laboral de un ciudadano por su condición, las instituciones educativas están actuando al margen de la Carta Magna.

Asimismo, estas acciones pisotean los principios fundamentales de la Ley Constitucional para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Este instrumento legal es categórico al prohibir el rechazo, la segregación o la exclusión en el ámbito laboral, obligando tanto al sector público como al privado a garantizar espacios de trabajo libres de violencia y discriminación. 

De igual forma, el ensañamiento institucional choca de frente con la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada precisamente para salvaguardar el derecho al trabajo digno y la permanencia en el mismo de los adultos dentro del espectro, prohibiendo cualquier trato degradante o descalificación basada en su neurotipo.

El panorama actual expone una contradicción intolerable: los espacios destinados a educar y formar en valores se han transformado en tribunales de censura cognitiva. Descalificar a un profesional neurodivergente basándose en el prejuicio y la ignorancia no solo es un delito legal en Venezuela, sino un síntoma de una sociedad que teme a la diversidad del pensamiento. 

Mientras las autoridades competentes y el Ministerio del Trabajo no auditen con firmeza los abusos discrecionales dentro de las escuelas y zonas educativas, el aula seguirá siendo el escenario de una injusticia sistemática donde se castiga el talento y se premia la uniformidad.

Por Ángel Salcedo