Maduro solicita este martes Ley Habilitante para enfrentar corrupción y guerra económica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitará este martes ante la Asamblea Nacional (AN) una Ley Habilitante, normativa que le conferirá poderes especiales para luchar contra la corrupción y la guerra económica.

De acuerdo con el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), "son leyes las sancionadas por la Asamblea Nacional, por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio".

El abogado constitucionalista Hermán Escarrá explicó este lunes que con la Habilitante serán delegadas al presidente de la República las atribuciones que le corresponden normalmente al Parlamento, tras la aprobación por parte de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Acotó, entrevistado en Telesur, que "en ese acto deben establecerse las directrices, el marco de las materias que corresponde a la Ley Habilitante y el tiempo de ésta".

El pasado 12 de agosto, el Jefe de Estado manifestó que reforzará el articulado anticorrupción que establece la CRBV para enfrentar a profundidad este flagelo.

Ante los planes de desestabilización por parte de la derecha, el mandatario consideró necesario incorporar el aspecto legal en la lucha contra la guerra económica, que ha ocasionado especulación, desabastecimiento y acaparamiento de bienes de primera necesidad.

"Voy a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. (...) Nuestra patria no se merece que le estén haciendo ataques tan viles", dijo el mandatario el pasado sábado desde el Campo de Carabobo.

“Habilitante restaurará ética y moral de la República”

En la entrevista concedida a Telesur, Escarrá estimó que el proyecto de Ley que entregará el Jefe de Estado este martes permitirá restaurar la ética y moral de la República.

En este sentido, señaló que sería “extraordinario que sea aprobada por unanimidad”, pues representará una lección para todo el pueblo venezolano.

Indicó que, de aprobarse la normativa, debería considerarse la creación de una ley de confiscación de bienes a personas naturales o jurídicas; una ley de ética de la administración y ejercicio de la administración pública; y una ley de contratación pública.

Así como Escarrá, diputados de la AN, representantes del Gobierno Nacional, partidos políticos de la revolución y analistas han reconocido la importancia de otorgar poderes especiales al mandatario para agilizar la lucha contra la corrupción y desestabilización económica.

Por ejemplo, la Contralora General de la República, Adelina González, puntualizó días atrás que la Constitución Nacional establece la legitimidad para que el presidente solicite mediante la Ley Habilitante, una normativa para luchar contra la corrupción.

“El artículo 236 dice que él (el Jefe de Estado) es el administrador de la Hacienda Pública Nacional, quién entonces con más legitimidad para decir 'ayúdenme a luchar contra la corrupción”, dijo González en entrevista con el periodista José Vicente Rangel, transmitida en su programa José Vicente Hoy.

Solicitud ante la AN es el primer paso 

La presentación del proyecto de Ley Habilitante ante la Asamblea Nacional es el primer paso que debe dar el presidente Maduro hasta llegar a la sanción del instrumento legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la carta magna.

Luego de que la junta directiva de la AN determine si el proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional (RIDAN), se procede a distribuirlo entre los asambleístas para su posterior discusión en plenaria, explicó la Procuraduría General de la República a través de su portal web.

El tercer paso se efectúa después de haber sido aprobado en primera discusión, y es cuando la Habilitante es remitida a la Comisión Especial para que la misma analice la normativa y elabore un informe.

Dentro de los diez días siguientes se debe efectuar la segunda discusión del proyecto. Cuando se trata de una emergencia, la Asamblea Nacional podrá estipular un tiempo menor para realizar el debate.

Según indica el artículo 215 de la Constitución, una vez que sea aprobada la ley en su segunda discusión, la misma pasará al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial.

Chávez solicitó poderes especiales en cuatro oportunidades

Durante el gobierno del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, la Asamblea Nacional aprobó en cuatro oportunidades proyectos de Ley Habilitante, refiere el sitio web de la procuraduría.

En el año 1999 fue aprobado el primero, que tuvo un lapso de duración de seis meses y permitió la aprobación de 53 decretos de ley, enfocados a mejorar la economía del país; en esa oportunidad se creó el Fondo Único Social, se reformó parcialmente el decreto del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, fue aprobada la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario y la Ley de Crédito para el sector Agrícola.

Posteriormente, entre el 2000 y 2001, el Parlamento aprobó el segundo instrumento legal, a través del cual fue posible la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley General de Puertos y la Ley de Tierras y Desarrolla Agrario, de un total de 49 textos legales.

La tercera Ley Habilitante fue solicitada por el Comandante en el 2007 y fue concedida por un periodo de 18 meses. En esa oportunidad, se crearon 59 normativas, entre las cuales están: la Ley de Reconversión Monetaria, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Especial de Amnistía, entre otros.

Finalmente, en 2010 fueron otorgados poderes especiales al presidente Chávez por 18 meses. Durante ese lapso fueron aprobados 54 decretos de ley, a través de los cuales se solventaron necesidades de alimentación, salud y vivienda de las personas que quedaron damnificadas tras las fuertes lluvias registradas a finales del mismo año.