Colegio de Abogados de Caracas rechazó la criminalización del Derecho

Abogados esposados en el TSJ expresan solidaridad con el Dr. José Amalio Graterol

La Presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvett Lugo, en nombre de la Junta Directiva de la institución que representa, repudió la violación de los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y a un juicio justo mediante la criminalización del ejercicio autónomo e independiente de la abogacía.

Manifestó que el enjuiciamiento del Abogado José Amalio Graterol por defender el derecho de su cliente al debido proceso, así como el tratamiento cruel e injusto que se le ha dado a este profesional del Derecho en el juicio que se le ha iniciado, “evidencian que el intento de resguardar el aparente Estado de Derecho es considerado por el régimen como un delito de mayor gravedad que el sicariato. Los abogados no tenemos miedo, no nos arrodillamos y no nos doblegamos”, dijo Lugo frente al Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo consideró que: “Esta criminalización sistemática configura una política de terrorismo de Estado, que pretende acabar con el único pilar independiente que queda del sistema de justicia: Los abogados. Esta situación dejaría a la gente en total estado de indefensión, sujeta a lo que el régimen quiera hacer con ella, dejada al olvido por carecer de una voz conocedora de las leyes que nacional e internacionalmente denuncie la prevaricación de jueces y fiscales”.

Agregó la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, que sí el Poder Judicial y el Ministerio Público fuesen autónomos e independientes, de inmediato procedería la impugnación de actos arbitrarios como estos, se iniciarían las investigaciones correspondientes y desde la Fiscalía General de la República no se adelantaría opinión para tratar de justificar la violación de los derechos humanos.

Según Lugo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que: “el derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado”.

En ese particular acotó que los abogados son esenciales en la protección de los derechos humanos, son los garantes de la justicia, la libertad, la igualdad, la familia, el honor, la propiedad y la paz, “estamos obligados a defender los derechos y es nuestro deber indeclinable hacer respetar la independencia y autonomía del libre ejercicio de la abogacía frente a los poderes del Estado. Por eso acordamos: Reiterar nuestro repudio a la utilización de la justicia como un instrumento para la dominación. Exhortar a las universidades a discutir en la Academia la grave situación del sistema de justicia. Manifestar nuestro apoyo al profesional del Derecho José Amalio Graterol. Reiterar a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz en la defensa de la justicia y del Estado de Derecho.

En tal sentido, “recordamos a las autoridades la obligación de garantizar un sistema judicial autónomo, imparcial e independiente que garantice el respeto de la dignidad de la persona, el Estado de Derecho y la Democracia. De la misma manera, denunciamos que la referida acusación contra el colega José Amalio Graterol quien no cometió ningún delito, atenta contra todo orden democrático y violenta groseramente la Constitución que juraron defender, colocando al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República al servicio de fines muy distintos al de administrar justicia. Las violaciones de los derechos humanos no prescriben y más temprano que tarde cesará la impunidad”.