Asamblea Nacional rechaza expresión de colonialismo jurídico de la CPI contra Venezuela

ELVICTORIANO.COM.VE - La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el acuerdo de rechazo categórico a expresiones de “colonialismo jurídico” contra la nación venezolana por parte de un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y la inacción cómplice de este organismo ante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

El proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Ilenia Medina, quien hizo una breve síntesis de lo que ocurre dentro de la CPI, algunos de sus funcionarios que han utilizado informes de abiertas mentiras contra Venezuela para acusarla de supuestos crímenes de lesa humanidad durante las llamadas guarimbas, y con los cuales iniciaron una investigación llamada Venezuela I, ante solicitudes de gobiernos que se autobautizaron como “Grupo de Lima”.AN aprueba Acuerdo contra colonialismo jurídico de CPI y complicidad en genocidio israelí

Pero la CPI se vio obligada a abrir otra investigación, denominada Venezuela II, a solicitud del Gobierno nacional, que pidió investigar el daño profundo que le habían hecho al pueblo venezolano las medidas impositivas unilaterales y de todos los políticos extremistas de la derecha que se sumaron al Gobierno norteamericano y de todos aquellos que han aplicado medidas criminales e ilegales y acciones callejeras desestabilizadoras.

Además, el Gobierno del presidente Maduro aprobó la creación de una oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas para que ampliara sus investigaciones, como demostración de su disposición de cooperación honesta, desde el principio de la buena fe, como símbolo de la distinción del Estado venezolano. Pero ese organismo nunca envió personal operativo, mientras continuaba las gestiones sobre la primera investigación, pero estancaba cualquier avance en la segunda, con lo cual demostró su velada parcialidad contra la República Bolivariana.

Medina recordó que Venezuela fue un Estado pionero en el continente americano en ratificar el Estatuto de Roma y mantiene un firme compromiso con la verdadera complementariedad y la justicia internacional, a pesar de la instrumentalización de la Corte Penal Internacional con fines geopolíticos.

La diputada alertó que, frente a las nuevas amenazas militares de EE. UU. contra Venezuela, de la que la CPI no se ocupa tampoco, la instancia decide cerrar esa oficina que nunca ocupó, para evitar ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, si llegara a ocurrir la agresión armada.

En este punto, la diputada considera pertinente, por eficacia política en la calidad revolucionaría, la propuesta de ley derogatoria para retirar a Venezuela de la CPI, cuya incorporación fue aprobada en el año 2000, y cuya primera discusión se realizaría a continuación en la sesión de este martes.

Texto del Acuerdo:

El proyecto aprobado contempla cuatro considerandos y cinco acuerdos:

-Que la República Bolivariana de Venezuela rechaza de plano las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, por cuanto pretende justificar un ejercicio de colonialismo jurídico inaceptable contra nuestra nación, desatendiendo los deberes de imparcialidad y cooperación que deben prevalecer en las labores de esa instancia penal

-Que la fiscalía de la CPI demuestra con esos actos, un evidente incumplimiento de los memorandos de entendimiento suscrito con la República Bolivariana de Venezuela, al desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales, manteniendo una oficina en Caracas sin personal operativo, lo que evidencia una agenda de instrumentalización política.

-Que resulta éticamente inaceptable que la fiscalía de la Corte Penal Internacional muestra un celo desmedido y selectivo contra los países del Sur Global, mientras ignora el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se cometen de manera abierta, pública y sistemática contra el pueblo palestino por parte del régimen de Israel, actuando con tímidos y temerosos pasos que garantizan la impunidad

-Que, igualmente, ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años, sobre el caso Venezuela II, el cual documenta los crímenes de la humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas impositivas unilaterales contra el pueblo venezolano

Acuerda:

Primero, expresar el más enérgico y categórico repudio las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional y condenar la instrumentalización política del sistema de la CPI para ejercer un colonialismo jurídico contra la soberanía y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo: Denunciar el irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad positiva, asumido por la fiscalía en la Corte Penal Internacional, al no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana, demostrando la instrumentalización del Sistema de Justicia Penal Internacional, con el objetivo de socavar la institucionalidad y el sistema democrático venezolano.

Tercero: Señalar la doble moral y la selectividad flagrante de la fiscalía de la CPI, que ha centrado desproporcionalmente su atención en Venezuela, por supuestos que no encajan en el estatuto de Roma, mientras guarda silencio y actúa con timidez ante el genocidio cometido por el régimen de Israel contra el pueblo palestino y la impunidad de los perpetradores.

Cuarto: Respaldar todas las acciones que emprenda el Poder Ejecutivo para hacer prevalecer la verdad y defender los derechos de la nación, frente a cualquier fórmula de colonialismo jurídico que contravenga la razón de ser de la Corte Penal Internacional y los principios del derecho internacional.

Quinto: Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la asamblea nacional en Caracas, a los dos días del mes de diciembre de 2025

Año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana.